La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no aparece en la investigación como un simple nombre añadido a una lista. Según las informaciones publicadas, fue secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa posición resulta especialmente relevante porque lo situaba en un punto clave del procedimiento: la mesa encargada de valorar y tramitar una contratación pública que ahora está bajo sospecha.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha incluido entre los 25 investigados en la ampliación del caso Leire, una derivada que analiza presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a la SEPI, empresas públicas y sociedades estratégicas. La causa investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Albert Aragón conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional del caso reside en que una mesa de contratación pública debe ser precisamente el espacio donde se garantizan la transparencia, la igualdad entre licitadores y el cumplimiento de la legalidad. Si el presidente de una mesa de contratación termina investigado en una causa por presuntos amaños, la pregunta resulta inevitable: ¿funcionaron correctamente los controles o la contratación quedó condicionada por intereses externos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Dicha triple condición —jurídica, administrativa y decisoria en el seno del procedimiento— transforma su labor en una de las piezas más influyentes para esclarecer cómo se tramitó aquella operación y si se produjeron anomalías durante su gestión.
La instrucción judicial de la Audiencia Nacional trasciende el caso de Tubos Reunidos, por más que dicha ayuda financiera de 112,8 millones de euros constituya el núcleo principal de la pieza SEPI. Asimismo, se examinan transacciones asociadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. Globalmente, las pesquisas pretenden esclarecer si una supuesta trama dirigida por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso logró condicionar resoluciones estatales con el propósito de lucrarse o acaparar beneficios.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algunos medios han señalado que la operación investigada podría estar relacionada con una oferta considerada “anormalmente baja” y con supuestas comisiones atribuidas a la trama. Esos extremos deberán ser acreditados por la instrucción, pero explican por qué la Audiencia Nacional ha puesto el foco en quienes participaron en la tramitación y validación del contrato. En una causa de este tipo, los documentos administrativos pueden ser tan importantes como las conversaciones o los pagos.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, la imputación de Fernando Albert Aragón plantea un problema serio para la credibilidad de la contratación pública. Si las adjudicaciones se manipulan desde dentro, el daño no afecta solo a una empresa concreta: afecta a todos los competidores, al dinero público y a la confianza ciudadana en que los concursos se resuelven por mérito, precio y legalidad, no por contactos o favores.
La Audiencia Nacional tendrá ahora la misión de esclarecer cuál fue su participación precisa en el expediente del PEPA, qué pautas siguió la mesa de contratación, si se formularon avisos técnicos, de qué manera se evaluaron las propuestas y si se produjo algún acercamiento con individuos relacionados con la supuesta trama de Leire Díez. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si su intervención se limitó al ámbito jurídico y administrativo o si, por el contrario, pudo favorecer la convalidación de un procedimiento viciado por presiones ajenas.
Su imputación como investigado genera una consecuencia clara: un exdirector jurídico de SEPIDES y antiguo presidente de un comité de contratación pública tendrá que rendir cuentas ante el magistrado sobre su intervención en una transacción turbia. Dentro de un procedimiento judicial que salpica a corporaciones estatales, adjudicaciones, subvenciones millonarias y supuestas coimas, semejante aclaración no puede pasar desapercibida.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
Manuel Vivas