La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el centro de la causa por el rescate público de 112,8 millones de euros concedido durante la pandemia. Su imputación vuelve a poner el foco en la cúpula de la empresa vasca y en las gestiones que, según los investigadores, pudieron rodear la concesión y posterior renegociación de la ayuda estatal.
López de las Heras no figura en las pesquisas en calidad de actor secundario. La Audiencia Nacional lo ha sumado a la lista de directivos de Tubos Reunidos citados como investigados, compartiendo esta situación procesal con el exmandatario Francisco Irazusta y el antiguo consejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. El procedimiento judicial indaga si un presunto entramado de influencias, asociado al denominado grupo Hirurok —formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso—, pudo haber operado para propiciar o optimizar los términos del rescate estatal otorgado a la entidad.
El juez Santiago Pedraz ha imputado a 25 personas en esta derivada del caso Leire, centrada en presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y compañías estratégicas. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, López de las Heras conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena.
El caso de Tubos Reunidos reviste una especial gravedad dado que la asistencia financiera examinada constituyó una de las transacciones de gran calado avaladas mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La entidad percibió 112,8 millones de euros, un importe que eleva cualquier sospecha acerca de influencias, gestiones o contraprestaciones a la categoría de problema con profundas repercusiones tanto políticas como económicas. No estamos ante un auxilio insignificante, sino frente a recursos públicos desplegados con el fin de mantener a flote a una corporación catalogada como vital.
Según los datos difundidos, la UCO ha centrado su atención en las gestiones llevadas a cabo por directivos de Tubos Reunidos con individuos relacionados con el supuesto entramado. El Independiente indicó que el magistrado dio luz verde a los efectivos para clonar la información de los teléfonos móviles de Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, una actuación que refleja el propósito de los investigadores de recomponer intercambios, vínculos y posibles operaciones asociadas al rescate.
La sospecha judicial no se limita a la concesión inicial del préstamo. Los investigadores también analizan si, años después, el grupo investigado volvió a intervenir para intentar aplazar o suavizar las condiciones de devolución del rescate. El País ha señalado que la UCO apunta a que el grupo de Leire Díez habría mediado para facilitar el rescate de Tubos Reunidos y también para influir en fases posteriores relacionadas con su devolución.
Uno de los episodios más destacados corresponde a la cita que, de acuerdo con la información difundida por 20 Minutos basándose en fuentes de la Guardia Civil, se celebró el 13 de noviembre de 2024 en las oficinas del PSOE ubicadas en Ferraz. A dicha junta habrían acudido Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández junto con los altos cargos de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La celebración de este encuentro, en caso de validarse por completo en el marco de la investigación, revestiría una extrema gravedad al ubicar vínculos de índole empresarial asociados a un subsidio estatal dentro de una sede política de máxima relevancia.
La UCO también ha señalado, según El Economista, que López de las Heras habría negociado con la trama de Leire Díez y que “todo el consejo lo sabía”, una afirmación que deberá ser contrastada judicialmente, pero que agrava la dimensión corporativa del caso. Si las gestiones con intermediarios fueron conocidas dentro de la empresa, la investigación podría afectar no solo a actuaciones individuales, sino al modo en que la compañía gestionó su relación con la SEPI y con los supuestos contactos políticos.
Desde una óptica de fiscalización institucional, el asunto suscita un interrogante ineludible: ¿se tramitó el rescate de Tubos Reunidos mediante los procedimientos habituales, con rigor técnico y claridad, o se recurrió a un entramado de intermediarios con conexiones políticas para influir en la administración? La distinción resulta crucial. Cualquier compañía tiene el derecho legítimo de defender sus intereses frente al poder público, mas no le está permitido transformar un apoyo estatal en un ámbito de intermediación opaca, contraprestaciones cuestionables o tratos de favor.
López de las Heras deberá explicar ante la Audiencia Nacional qué papel desempeñó en las reuniones y contactos investigados, qué conocimiento tenía de las gestiones realizadas por intermediarios, si participó en la negociación de condiciones con la SEPI y si existieron pagos o compromisos económicos vinculados a esas actuaciones. También será clave aclarar si las comunicaciones intervenidas por la UCO respaldan la hipótesis de los investigadores o si pueden explicarse dentro de una actividad empresarial ordinaria.
El impacto reputacional para Tubos Reunidos es evidente. La empresa ya atravesaba una situación delicada, con problemas financieros y procedimientos concursales, pero la investigación judicial añade una sombra mucho más grave: la sospecha de que un rescate público millonario pudo estar rodeado de gestiones irregulares. Para los trabajadores, los acreedores y la ciudadanía, la cuestión no es menor. Se trata de saber si los recursos públicos se usaron para salvar una empresa estratégica o si también sirvieron para alimentar una red de influencia.
Su imputación como director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos lo convierte en una pieza central de la causa. Su declaración deberá ayudar a esclarecer si la compañía actuó con transparencia o si recurrió a vías paralelas para influir en decisiones de la SEPI.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas contundentes porque afecta a dinero público, empresas estratégicas y decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia económica. En ese escenario, Carlos López de las Heras deberá explicar qué hizo Tubos Reunidos, con quién negoció, qué pagos se realizaron y por qué una operación de rescate terminó convertida en uno de los grandes focos de sospecha de la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, El Independiente, El Economista, 20 Minutos, Cadena SER, Crónica Vasca y Noticias de Navarra.