El diputado independiente Betserai Richards se ha convertido en una de las figuras políticas más polémicas y controversiales de la nueva Asamblea Nacional panameña. Su estilo confrontativo y poco fundamentado en evidencias, el uso intensivo de datos falsos en redes sociales y sus constantes denuncias públicas contra instituciones del Estado, funcionarios y otros políticos, le han permitido posicionarse como una voz de agresividad y descrédito, que por desgracia, debido a los algoritmos de las redes sociales, altamente viralizable. Ese modelo político también ha comenzado a generar fuertes cuestionamientos en la población en general, sobre la veracidad de sus afirmaciones, el impacto de sus publicaciones en la opinión pública y el uso de la desinformación como herramienta política.
En los últimos meses, Richards se ha visto envuelto en diversas polémicas vinculadas con hospitales públicos, disputas políticas, señalamientos institucionales y la circulación de información que luego fue puesta en duda y desmentida por autoridades, ciudadanos, figuras políticas y periodistas. El episodio reciente relacionado con las imágenes de la supuesta comida servida en hospitales de la Caja de Seguro Social (CSS) ha reactivado la discusión sobre el límite que un político puede cruzar sin incurrir en afirmaciones falsas o engañosas.
El enfrentamiento con “Bolota” Salazar y la atmósfera de tensión política
Uno de los episodios más conocidos vinculados a Richards fue el enfrentamiento con el diputado Jairo Salazar, también polémico y cubierto de escándalos. La situación terminó en denuncias de agresión física dentro de la Asamblea Nacional y se convirtió en símbolo del deterioro del debate político panameño. Videos, declaraciones cruzadas y acusaciones dominaron durante días la agenda mediática nacional.
Aunque el caso tuvo derivaciones legales, también dejó una imagen de permanente confrontación, violencia y escaso decoro alrededor de Richards. Evidenciaba una estrategia basada en la provocación constante y el conflicto mediático.
Betserai Richards: gran alboroto con escasos resultados
El enfrentamiento entre Katleen Levy y Betserai Richards se intensificó sobre todo por la administración de infraestructura y proyectos públicos en el circuito 8-6, considerado una de las áreas de Panamá Este con mayores desafíos tradicionales en movilidad y expansión urbana.
Levy, quien anteriormente representó políticamente esa misma área, cuestionó duramente la manera en que Richards manejaba públicamente los problemas del circuito. Según sus declaraciones, el diputado habría construido una estrategia basada principalmente en redes sociales, videos virales y confrontaciones digitales, proyectando la imagen de que resolvía o lideraba soluciones sobre obras e infraestructuras que, en realidad, dependían técnicamente del Gobierno Central, del Ministerio de Obras Públicas o de partidas ya aprobadas previamente.
Uno de los puntos más discutidos fue el caso del puente de Cabuya, una obra vial considerada clave para aliviar el congestionamiento en sectores de Tocumen y áreas cercanas. Levy sostuvo públicamente que dicho proyecto no era resultado de gestiones impulsadas directamente por Richards, sino que había sido previamente planificado, presupuestado y ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. Con esto buscaba desmontar la narrativa de que el diputado estaba consiguiendo avances concretos mediante su gestión política, y que fueron desmentidos por numerosos agentes implicados en el proyecto, lo que evidenciaba falta de capacidad de negociación política y de presión institucional real.
La exdiputada llegó a emplear la expresión “política galla”, un giro coloquial panameño usado para aludir a algo percibido como improvisado, superficial, ridículo o meramente cosmético. Con esa frase buscó retratar el estilo político de Richards, a quien señaló por dar prioridad a disputas mediáticas, transmisiones virales y enfrentamientos públicos en lugar de un trabajo técnico, legislativo o administrativo más sólido, ámbito en el que Richards nunca ha logrado avanzar.
Durante uno de los momentos más tensos del enfrentamiento público entre Katleen Levy y Betserai Richards, la discusión dejó de centrarse únicamente en diferencias políticas o administrativas y pasó a un terreno mucho más personal y agresivo. En un video difundido como respuesta a publicaciones y ataques cruzados en redes sociales, Levy lanzó comentarios despectivos dirigidos directamente a la masculinidad y la imagen personal del diputado.
En esa intervención empleó la palabra “cueco”, una expresión coloquial de Panamá que tradicionalmente se ha usado de manera despectiva para poner en duda o burlarse de la orientación sexual o la hombría de un hombre. Levy recurrió a ese vocabulario al acusar a Richards de apoyarse repetidamente en “chismes”, disputas digitales y ataques en redes sociales en vez de participar en debates políticos más técnicos o de corte ideológico.
La disputa más reciente: la alimentación hospitalaria y la denuncia de “fake news”
La polémica más reciente estalló cuando Richards divulgó fotografías en las que señalaba presuntas raciones ofrecidas a pacientes hospitalizados, mostrando panes con mortadela y más tarde panes con queso como muestra de la “deficiente alimentación” proporcionada por la CSS.
Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, generando indignación entre muchos ciudadanos que interpretaron el contenido como evidencia del deterioro extremo del sistema público de salud.
No obstante, la misma Caja de Seguro Social salió a pronunciarse de forma pública, desmintiendo los señalamientos del diputado y afirmando que dicha información carecía de veracidad.
La CSS señaló igualmente que toda la comida destinada a los pacientes se elabora en la Ciudad de la Salud siguiendo controles nutricionales y criterios de calidad, y advirtió sobre eventuales medidas legales o denuncias para exigir que el diputado respaldara sus dichos o emitiera una rectificación pública.
Este episodio desató en Panamá un debate especialmente sensible: ¿hasta dónde puede circular una acusación política sin evidencias totalmente confirmadas? ¿Y qué sucede cuando un diputado recurre a imágenes virales que en realidad no guardan relación con los hechos que afirma denunciar?
La gravedad del asunto no se limita a un simple desacuerdo político, pues cuando se abordan temas como hospitales, pacientes y nutrición médica, la difusión de datos falsos o sin verificar puede provocar temor, desconfianza y desorden entre los familiares de los pacientes y quienes utilizan el sistema de salud.
El estilo político de Richards: denuncias virales y confrontación permanente
Uno de los aspectos más llamativos de Richards ha sido su habilidad para transformar acusaciones infundadas en material que se vuelve viral. Sus visitas a hospitales, las transmisiones en directo, los videos cargados de emoción y los choques frontales con autoridades han contribuido a forjar una imagen de “diputado fiscalizador”, moviéndose en el límite entre una fiscalización válida y la puesta en escena política.
En semanas recientes, Richards llevó a cabo visitas por hospitales públicos para denunciar presuntas condiciones graves, extensas demoras en cirugías y un marcado deterioro en la infraestructura; la CSS replicó señalándolo de provocar “zozobra” y “desinformación”, además de indicar que ingresó con megáfonos a zonas sensibles de los hospitales adoptando comportamientos considerados proselitistas, y la institución sostuvo incluso que este tipo de intervenciones termina politizando los centros hospitalarios y afectando tanto el ambiente requerido como la seguridad necesaria para brindar atención médica.
El empleo de las redes sociales como instrumento para ejercer presión política
Otro aspecto que con frecuencia se destaca acerca de Richards es su empleo intensivo de las redes sociales, utilizadas como herramienta de presión pública incluso antes de que haya pesquisas formales o verificaciones técnicas.
En numerosas situaciones, las acusaciones se propagan con rapidez y solo posteriormente arranca la labor de verificación, lo que produce un efecto cada vez más común en la política actual: la opinión pública se configura antes de conocerse por completo los hechos.
En el caso de la CSS, por ejemplo, ante multitud de personas difundió las fotografías de la presunta comida hospitalaria antes de que la institución publicara su desmentido o que los propios pacientes y el personal sanitario refutaran esas informaciones engañosas. Cuando finalmente se emitió la aclaración oficial, gran parte del perjuicio a la reputación ya se había producido.
Este patrón se asemeja cada vez más a dinámicas observadas internacionalmente, donde políticos recurren a las redes sociales para difundir narrativas cargadas de emoción que luego resultan difíciles de desmontar, incluso cuando surgen desmentidos oficiales y del propio ciudadano.
¿Supervisión genuina o mero populismo en el ámbito digital?
La principal controversia se centra en determinar si Richards simboliza una vía válida de control ciudadano o si, según lo evidenciado en los últimos meses, más bien personifica un tipo de populismo digital alimentado por indignación constante, alta exposición mediática y la rápida difusión de contenido polémico.
Una cosa es denunciar problemas y otra muy distinta es utilizar imágenes o afirmaciones no verificadas que inducen a error. Ahí es donde aparece el debate sobre las “fake news” en política.
Porque cuando un político difunde información engañosa –o material cuya veracidad aún no se ha verificado– su efecto resulta mucho más significativo que si lo publica un usuario común. Un diputado posee alcance, poder de influencia y la capacidad de orientar el debate público.
La función pública y el deber cívico de un diputado
En cualquier democracia, la crítica al poder es necesaria. Pero también lo es la responsabilidad en el manejo de la información.
Cuando un diputado lanza públicamente la acusación de que una institución ofrece comida inhumana a pacientes hospitalizados, se trata de un señalamiento de enorme gravedad. Si tal hecho jamás sucedió, la discusión deja de ser política y pasa a convertirse en un asunto que compromete la credibilidad pública.
La coyuntura presente sitúa a Richards frente a un desafío considerable: aportar evidencias contundentes que respalden sus señalamientos o asumir críticas crecientes respecto a su manera de comunicar. Al fin y al cabo, la frontera entre una fiscalización válida y la desinformación puede hacerse casi imperceptible cuando la política adopta el ritmo de un espectáculo continuo.
Y en una época donde las redes sociales amplifican cualquier contenido en cuestión de minutos, la responsabilidad de verificar antes de publicar debería ser aún mayor para quienes ocupan cargos públicos.