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Un tribunal de Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados la obligación de abonar más de 6,1 millones de dólares a la empresa del consultor político venezolano Juan José Rendón, derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. En abril de 2019, una jueza decretó asimismo su arresto por desacato civil, tras su incomparecencia ante la corte.
El litigio legal entre Roberto Arzú García-Granados y el estratega político Juan José Rendón, célebre como JJ Rendón, se originó a raíz de un vínculo profesional relacionado con las metas presidenciales del político de origen guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El contrato político que terminó en una demanda millonaria
Según los papeles del procedimiento judicial, el pacto incluía labores de consultoría estratégica y estrategia política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial establecido entre ambas entidades.
Según documentación divulgada por la prensa guatemalteca, el acuerdo original establecía un pago inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016 y desembolsos posteriores hasta completar aproximadamente 5,2 millones de dólares durante el año siguiente.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, un fallo judicial fue emitido, fijando la obligación de pagar US$5,5 millones, además de US$660.594,22 en concepto de intereses devengados, lo que elevó la cifra global a US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
La resolución estipulaba que, si se producía una detención, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en un plazo máximo de 24 horas con el fin de seguir el trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a una declaración cuyo fin fuera agilizar el cumplimiento del fallo.
Es fundamental tener en cuenta que el mandato surgió dentro de un litigio civil debido a un incumplimiento de contrato, por lo que no se trataba de una sentencia de índole penal derivada de una infracción.
El expediente judicial se hizo público en abril de 2019, momento en el que Arzú desarrollaba su campaña para la presidencia respaldado por la alianza PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y defendió que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó que se trataba de un acuerdo contractual vinculante y que Arzú había desatendido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas entre Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban pactos financieros vinculados al contrato de consultoría estratégica.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.
No obstante, los textos reflejaban un desgaste paulatino en la relación comercial debido a los obstáculos para efectuar los cobros exigidos.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la opinión pública durante la contienda electoral de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), socio dentro de la alianza electoral junto a Podemos, reiteró su apoyo al aspirante a la vez que subrayó que la disputa competía al ámbito civil.
La controversia sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al trasfondo del pacto, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
Los archivos judiciales de Florida reflejan la presencia de un fallo civil junto con una orden de aprehensión subsiguiente por desacato. A pesar de esto, tales expedientes resultan insuficientes para determinar de manera independiente el desenlace de la deuda o de las responsabilidades financieras.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Réplica de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón