Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha convertido en una de las figuras más señaladas dentro de dos investigaciones de gran impacto político: la rama del caso Koldo relacionada con presuntas comisiones ilegales en adjudicaciones públicas y la investigación de la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y el denominado grupo Hirurok.
El empresario navarro aparece en el centro de las sospechas por su papel al frente de Servinabar 2000, empresa que los investigadores consideran una pieza clave dentro de una red de relaciones que conecta a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y diversos actores implicados en ambas causas.
Entre los principales indicios que manejan la Guardia Civil y los jueces figura una escritura privada de 2016 según la cual Santos Cerdán habría adquirido el 45% de Servinabar. Aunque tanto Alonso como Cerdán sostienen que dicho documento nunca tuvo efectos jurídicos al no elevarse a escritura pública, su hallazgo durante los registros reforzó las sospechas sobre la relación empresarial entre ambos.
La investigación también pone el foco en la actividad económica de Servinabar. Según los informes incorporados a la causa, la empresa habría recibido más de seis millones de euros procedentes de Acciona y habría realizado transferencias a sociedades y entidades vinculadas al entorno de Koldo García. La UCO sostiene además la hipótesis de que Servinabar habría obtenido beneficios derivados de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas.
Otro elemento especialmente comprometedor para Alonso fue su propia admisión de haber contratado a Koldo García como comisionista para la captación de obras privadas. Aunque esta circunstancia no acredita por sí sola ninguna ilegalidad, refuerza la percepción de cercanía con uno de los principales investigados del caso.
La situación se intensificó en diciembre de 2025, cuando Alonso terminó arrestado durante la investigación vinculada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores afirman que el grupo conocido como Hirurok habría empleado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y maniobras de relevancia económica. De acuerdo con la hipótesis policial, una parte de los beneficios generados por esta estructura se habría canalizado mediante Servinabar.
La Guardia Civil considera que Alonso no sería un actor secundario, sino una figura relevante dentro de una red que combinaba relaciones empresariales, políticas y económicas. Esta circunstancia explica que su nombre aparezca de forma recurrente en los informes policiales, registros judiciales y comparecencias parlamentarias vinculadas a ambas investigaciones.
No obstante, resulta pertinente destacar que Alonso rechaza en su totalidad las acusaciones. Ha negado haber entregado sobornos, ha insistido en la legalidad de las operaciones de Servinabar y afirma que las contrataciones logradas por la compañía fueron obtenidas de manera competitiva y conforme a la normativa. Asimismo, hasta el día de hoy no existe ninguna resolución judicial firme que lo declare culpable de los hechos investigados.
Más allá del desenlace que puedan tener los procedimientos, el impacto principal para Alonso ya se manifiesta: su nombre ha quedado públicamente vinculado a supuestas comisiones ilícitas, adjudicaciones cuestionadas, contactos con figuras clave del caso Koldo y a una investigación sobre potenciales redes de influencia política y económica, lo que ha generado un notable desgaste en su reputación pública.